Gobierno
no señala cuáles, pero la intención es acelerar los procedimientos y
contrarrestar la supuesta paralización de inversiones en el sector. Defensoría
del Pueblo dice que consulta a los pueblos indígenas debe realizarse.
Con un secretismo poco aconsejable el gobierno ha decidido
que por lo menos 14 proyectos mineros no pasen por el proceso de consulta
previa a las comunidades nativas, como lo reconfirmara en la víspera el
ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla.
La semana pasada, el presidente del Consejo de Ministros,
Juan Jiménez, anunciaba que se iban a "destrabar" 14 proyectos
mineros en fase de exploración, "para pasar directamente a las
autorizaciones y las empresas hagan lo que tengan que hacer".
Pero Castilla además adelantó la conformación de un grupo
especial que se encargará de hacer un seguimiento a los principales proyectos
de inversión en el país, de manera que se puedan "destrabar" los
obstáculos burocráticos que paralizan su ejecución.
Sobre la decisión del gobierno de exonerar de la consulta
previa a 14 proyectos mineros, el gobierno la habría tomado luego recibir
muchas quejas del sector minero, que critican una supuesta paralización en las
inversiones del rubro, por lo que están buscando mejorar los procedimientos de
permisos.
Entre los proyectos mineros beneficiados estarían el
proyecto “Angostura” en la comunidad campesina de Nueva Esperanza de Mollepiña
(Apurímac).
Otros dos serían el Proyecto Magistral en el distrito de
Conchucos (Áncash) y el Proyecto Marcobre en la provincia de Nasca (Ica).
Pero estos 14 proyectos mineros coincidirían con el número
de proyectos identificados por la Defensoría del Pueblo que están ubicados en
áreas habitadas por pueblos indígenas.
El órgano defensorial se basa en un reporte del Ministerio
de Cultura enviado al Ministerio de Energía y Minas, que había consultado si
existían comunidades nativas en las áreas de influencia de un paquete de
proyectos mineros.
Al respecto, el jefe del Programa de Pueblos Indígenas de
la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, señaló a la página web informativa
Inforregión que en la actualidad existen 14 proyectos mineros que afectarían el
derecho de los pueblos indígenas.
Sin mencionar qué comunidades serían las involucradas,
Sánchez consideró necesario que cuando se emita la medida administrativa de
inicio de las actividades de exploración o explotación, se sometan al proceso
de consulta previa.
Los procesos de consulta previa no se iniciaron en el
sector minero, a pesar de que en mayo del 2012 el Ministerio de Cultura aprobó
la directiva que establece las normas, pautas y procedimientos para la
administración de la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u
Originarios, la cual hasta ahora no ha sido publicada.
No obstante, según la Defensora Adjunta para el Medio
Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, no hace falta
la publicación de ambos instrumentos normativos para que el Estado haga cumplir
el derecho a la consulta previa.
Explicó que la consulta busca incentivar el proceso de
diálogo entre las partes que permita un desarrollo armónico, tanto de la
empresa como de los derechos colectivos de las personas.
Señaló que más que ser vinculante o no, lo importante es
que por primera vez en la historia de nuestra República, el Estado se sienta a
dialogar con los pueblos indígenas, lo cual es un avance sustantivo en las
relaciones entre el Estado y su ciudadanía.
Abanto indicó que la implementación del derecho a la
consulta requiere de normas e instrumentos de gestión claros que orienten a los
funcionarios estatales en su labor de implementación.
Agregó que es imprescindible que cada uno de los
funcionarios públicos y toda la sociedad apuesten por una verdadera cultura de
diálogo intercultural.
Fuente: La
República 27 de abril de 2013
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