Pena máxima. Condenas por los delitos que habría cometido el
ex gobernador regional suman 123 años de prisión. También fueron acusados
Martín Belaunde y los ex congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo. En
total, 60 acusados irán a juicio
La máxima pena de cárcel que permita la ley. Esto es lo que
pide la fiscalía para el ex presidente regional de Áncash César Álvarez Aguilar
y otras 59 personas que habrían integrado una organización ilícita que se
benefició con los fondos públicos de dicha región.
El fiscal Elmer Chirre presentó la acusación por el caso
conocido como ‘La Centralita’ ante el juzgado de investigación preparatoria, a
cargo de la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho. El documento consta de
6.015 páginas en las que se describen los actos ilícitos que habría cometido
Álvarez y sus colaboradores, la pena aplicable en cada caso y para cada uno de
los involucrados y las pruebas que sustentan cada caso.
La entrega de la acusación comenzó el martes último y
continuará hoy. Junto a la acusación se presentan 1.973 tomos que suman más de
356 mil folios o páginas. El Poder Judicial exigió a la fiscalía que presente
una copia impresa de la voluminosa acusación, para cada uno de los acusados.
Las penas
Si en el Perú las penas se sumaran como en Estados Unidos,
la fiscalía pediría una pena total para César Álvarez de 123 años de prisión,
por ocho hechos delictivos. Pero en nuestro país eso no es posible. La
sumatoria de penas tiene dos límites: 35 años de cárcel o el doble de la pena
del delito más grave.
Álvarez y los otros 59 procesados son acusados de delitos de
asociación ilícita, violencia a la autoridad, colusión, peculado, encubrimiento
y lavado de activos. El delito más grave es lavado de activos, 15 años de
prisión. Así, la más grave en una sumatoria es 30 años.
La fiscalía pide que el ex presidente regional de Áncash
reciba una condena de 17 años de prisión por asociación ilícita, 15 años por
violencia y resistencia a la autoridad, 5 años por colusión, 10 años por
peculado y cuatro condenas de 18 años y 9 meses por cuatro hechos de lavado de
activos. Pero con los límites de la ley, el pedido alcanza 30 años de prisión
efectiva.
Junto a él, se presentó acusación penal contra los ex
congresistas Heriberto Benítes, 22 años de prisión (12 por asociación ilícita,
10 por violencia a la autoridad y 8 por encubrimiento) y Víctor Crisólogo
Espejo, 22 años de cárcel (12 por asociación ilícita y 10 por violencia a la
autoridad).
Además, al ex jefe de gestión electoral de la ONPE José Luis
Cavassa Roncalla, 30 años; el ex alcalde del Santa Luis Humberto Arroyo, 25
años; el ex gerente de infraestructura del gobierno regional de Áncash Dirse
Valverde Varas, 24 años, y el empresario Martín Belaunde Lossio, 22 años de
prisión.
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